Audiencia Provincial, Santa Cruz de Tenerife. Sentencia nº 342/2011, de 15 de julio.

Por otro lado, se desconoce el momento concreto en que se produjo la descarga de tales fotogramas, así como el lapso temporal en que fueron poseídas por el acusado las imágenes que fueron ulteriormente recuperadas. Así las cosas, y en beneficio del reo, no puede afirmarse con rotundidad si al advertir éste el contenido pedófilo de las mismas, procedió, o no, a borrarlas inmediatamente; debiéndose distinguirse a efectos del precepto por el que ha sido condenado entre visionar y poseer.

TRIBUNAL SUPREMO Sala de lo Penal
Sentencia 373/2011, de 13 de mayo de 2011
RECURSO DE CASACIÓN Núm.: 2319/2010
Ponente Excmo. Sr. JULIAN ARTEMIO SANCHEZ MELGAR

“Pablo Soto es autor de un producto tecnológico cuyo uso permite a terceros el intercambio directamente, de igual a igual, de audio, no sólo canciones [...], siendo su función técnica totalmente neutra”. El magistrado Antonio Martínez-Romillo, del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Madrid, da así carpetazo a la mayor demanda que ha enfrentado en España a las grandes discográficas con el autor de una tecnología que, según ellas, menoscaba su modelo de negocio, ya que permitía a los usuarios descargar música gratuitamente.

Era tal el supuesto menoscabo que Warner, Universal, EMI, Sony y Promusicae (la asociación de productores musicales) reclamaron en 2008 a Soto 13 millones de euros por daños y perjuicios. El juez desestima ahora la demanda, e impone a las discográficas el pago de las costas del juicio. Promusicae aseguró hoy en un comunicado que la sentencia será “debidamente apelada”.

El caso que enfrenta a las discográficas con Soto es sólo el último capítulo de la interminable guerra que, desde hace una década, libran los productores de música y cine para tratar de proteger sus creaciones en la era digital, en que cada copia de sus canciones o películas puede ser compartida en segundos por cientos de millones de usuarios. En Estados Unidos y Francia, las productoras se han centrado en tratar, directamente, de frenar la actividad de los inter-nautas que descargan. En España, las compañías se han centrado en demandar a quienes consideran que facilitan esas herramientas de descarga. Es el caso de la ley Sinde, diseñada para actuar contra las páginas que indican a los usuarios dónde buscar. La demanda contra Pablo Soto se dirige, directamente, contra la propia tecnología.

La decisión impone a las discográficas el pago de las costas del juicio

Las discográficas demandaron a Soto en mayo de 2008 por competencia desleal, al haber desarrollado los programas Blubster, MP2P y Piolet para el intercambio de archivos P2P (siglas de peer to peer o entre iguales). El texto aseguraba que estos programas permiten la descarga de contenidos protegidos por la ley de propiedad intelectual, y reclamaba que se cerraran y se compensara a las compañías con 13 millones de euros por los ingresos que habían dejado de percibir.

La jugada de las discográficas era arriesgada. Desde que el Tribunal Supremo de EEUU sentenció en 1984 que Sony no violaba la propiedad intelectual con su vídeo Betamax, los jueces se han resistido a culpar a la tecnología del uso que se hace de ella. En España, la mayor parte de las sentencias en este ámbito han sido, también, absolutorias para los demandados.

El juez Martínez-Romillo ha seguido la misma línea argumental y ha desestimado la demanda. El magistrado comienza su sentencia explicando el funcionamiento de las redes P2P, donde los usuarios intercambian “información de forma directa, sin pasar por ningún servidor”. En realidad, Napster, el primer gran servicio de intercambio P2P, sí almacenaba los archivos en sus servidores, y esa fue la razón por la que tuvo que cerrar y pagar 25 millones de dólares a las discográficas. La nueva generación de software P2P no ha cometido el mismo error.

La sentencia será “debidamente apelada”, dice Promusicae.

“Un símil sería como si creáramos un club privado de amigos para compartir alguna información como, por ejemplo, la fotografía”, dice el juez. Martínez-Romillo reconoce que en ese club se podrían intercambiar y copiar fotos protegidas por los derechos de autor, “pero no se puede culpar de esa infracción al promotor o secretario, que lo único que ha hecho ha sido poner en contacto a los socios”.

El magistrado basa su decisión, principalmente, en dos argumentos. El primero es que Soto es el autor de “un producto tecnológico” cuya función es “totalmente neutra”. No existe, añade la sentencia, relación jurídica entre Soto y los usuarios de sus aplicaciones, “que montan una red en la que no intervienen para nada los demandados”. En segundo lugar, el juez considera “acreditado” que los demandados no “almacenan, copian o difunden obra intelectual alguna” y, por ello, cree que “no existe infracción de propiedad intelectual, y que el hecho de facilitarla no es una actividad prohibida en nuestra legislación”.

La sentencia desmonta también tres argumentaciones de las discográficas contra Soto. Las compañías acusaban a sus programas de “anonimizar” a los usuarios, pero el protocolo UDP utilizado “no sirve para anonimizar, siendo de uso común y normal”. El magistrado tampoco cree que la actitud de Soto sea contraria a la “buena fe” por la “supuesta omisión de un filtrado eficaz” ya que para ese filtrado sería necesaria una base de datos que permitiera “validar las protecciones [de los archivos]“, una base de datos que no “consta” que exista. Por último, Martínez-Romillo no cree que haya “incitación a los usuarios” a descargar, ya que las webs advertían de que los archivos “debían tener licencia Creative Commons”, que permite copiar archivos bajo determinados supuestos. “Las actuaciones de los demandados son actuaciones lícitas”, concluye.
Noticia extraída de la revista jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid.

1º.La calumnia supone sólo la imputación de delitos, mientras que la acusación o denuncia falsas pueden también referirse a faltas.
2º.La imputación en que consiste la acusación o denuncia falsa debe efectuarse ante funcionario que tenga el deber de proceder a su averiguación, mientras que la calumnia puede expresarse ante cualquier persona.
3º.La calumnia es delito privado perseguible mediante querella del ofendido, mientras que la acusación y denuncia falsa pueden perseguirse de oficio.
4º.Para proceder por acusación y denuncia falsa es preciso la conclusión del proceso penal sin declaración de responsabilidad, requisito que no se exige en la calumnia.

Hay que anotar que cabe condenar a una persona por haber cometido el delito del art. 456 del CP y que se le condene por imputar un delito añadiendo la agravante de responsabilidad criminal del art. 22.7 CP por cometer la denuncia falsa siendo funcionario de la Policía y prevalerse del carácter público que ostenta. Se me ocurre pensar ahora como ejemplo una posible situación en la que una persona es acusada por la Policía por delito de atentado, siendo los hechos objeto de la acusación mentira.
El condenado por denunciar falsamente estará obligado-a parte de la prisión en su caso- a abonar la pena de multa, mas la responsabilidad civil por los daños ocasionados.

No al bullying !

“Debemos eliminar el mito de que el acoso escolar es un rito de paso normal; que simplemente es una parte inevitable de crecer. No lo es.
Tenemos la obligación de asegurar que nuestras escuelas son seguras para todos nuestros niños. Y para cada joven en cualquier lugar tienes que saber que si tienes problemas, hay adultos a los que les importas que pueden ayudarte”.

“We’ve got to dispel this myth that bullying is just a normal rite of passage; that it’s just some inevitable part of growing up. It’s not.
We have an obligation to ensure that our schools are safe for all of our kids. And for every young person out there you need to know that if you’re in trouble, there are caring adults who can help”.

Se han iniciado las investigaciones pues ha transcurrido el plazo para recurrir el Auto y las actuaciones se trasladan  al  Ministerio Fiscal.

La situación es que el usuario se encuentra en situación de fuerte desventaja frente a las operadoras de telefonía móvil, ya que no tiene acceso a los datos de su expediente en virtud de los cuales se le reclamen cantidades por incumplimiento de contrato.

Por ejemplo, un usuario hace una portabilidad, pero en seguida se echa atrás dentro de los plazos, es justo que la nueva operadora capture a la fuerza su línea durante meses? Y luego le reclame 400 euros mediante cartas y llamadas diarias amenazándole con llevarle a los juzgados?

Toda las gestiones se hacen sin que el usuario pueda conocer cuales fueron las causas verdaderas por las que la portabilidad no se anuló a tiempo.  ¿Existe connivencia entre las operadoras entre las que se hace la portabilidad? ¿Porque no hay acceso a los datos y se le echa la culpa al cliente que en virtud de su buena fe, se fía de las gestiones que se le dice que se le han hecho?

Frente a una reclamación de cantidad por incumplimiento de contrato el usuario o paga (después de un fuerte acoso telefónico por parte de empresas de recobro) o entra en las listas de morosos. Pero no tendrá la oportunidad de comprobar si las gestiones se le hicieron correctamente y se le “obliga” a aceptar lo que se le dice como correcto.

La ventaja del procedimiento penal  es  que  es el único que pone al alcance del  usuario todas las herramientas posibles para la investigación de los hechos en relación a su expediente que hasta ahora se  encuentra oculto por la operadora.

  

Dado que existe una instrucción de la Fiscalía General que solicita a los fiscales que se abstengan de perseguir a las personas que copien material protegido en la ausencia de ánimo de lucro será inusual la persecución de la descarga si no hay un ánimo de lucro.

Respecto a la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) en el texto refundido de la LPI de 1987 se introdujo una disposición transitoria, la cuarta, que establecía que los derechos patrimoniales de las obras creadas por autores fallecidos antes del 7 diciembre de 1987 tendrán la duración prevista en la Ley de 10 de enero de 1879 sobre Propiedad Intelectual, es decir, 80 años.

Por tanto aunque el plazo establecido en la ley actual es de 70 años, buena parte de las obras tienen en realidad una protección de 80 años tras la muerte del autor.

En España, respecto a las creaciones originales, literarias, artísticas o científicas la LPI establece como plazo de protección para los Autores fallecidos antes del 07.12.1987  toda la vida del autor + 80 años tras su muerte.

Es decir que a partir del año 2000 nos podemos descargar de la red las obras completas de Dº Benito Pérez Galdós, que murió en Madrid el 04 de Enero de 1920.

Para los Autores fallecidos a partir del 07.12.1987 hay que contar toda la vida del autor + 70 años, lo que situará el nivel de protección de LPI para muchos autores a partir del 2060.

Así que por ejemplo la obra de Freud (gestionada en Londres por sus descendientes) ha quedado libre de derechos, en España, la ya mencionada disposición transitoria  hace que puesto que Freud murió el 23 de septiembre de 1939, la Ley de 1879 contempla que los derechos se conservarán hasta 80 años después de la muerte del autor. En el caso de Freud, hasta 2019.

En España la Jurisprudencia viene diciendo que la mera titularidad de la dirección IP desde la que se comete el hecho ilícito no es indicio bastante de la participación en el delito, por lo que es necesario según la teoría de la prueba indiciaria que ese indicio esté conectado a otros indicios perfectamente acreditados para poder dictar una sentencia condenatoria.

En conjunto, estas empresas, entre ellas NEC Biglobe, NTT Communications y KDDI, son utilizadas por más del 70% de los hogares japoneses para conectarse a la Red.

Por su parte, cuatro centros de investigación, entre ellos los laboratorios de Google y Yahoo! Japón (compañías que acaparan casi el 90% de las búsquedas de Internet realizadas en Japón), han asegurado que estas páginas bloqueadas no aparecen en los resultados cuando se consulta a través de ellos.

Si bien la producción y distribución de imágenes o vídeos de contenido ilícito infantil está prohibido en Japón, su mera posesión individual está autorizada.

Según la policía del país, durante 2010 fueron desenterrados 1.342 casos de producción y tráfico de pornografía con personas menores de 18 años, casi el 45% más que en 2009, cuyas cifras ya suponían un récord.

Estados Unidos y otros países desarrollados acusan a las autoridades japonesas de ser laxas con este problema global, y consideran a Japón como el mayor productor de pornografía infantil en el mundo.

En nuestro País la posesión de archivos de contenido ilícito en el ordenador está severamente castigado por el Código Penal.